Asunción, Agencia IP.- En su segundo informe de gestión al Congreso Nacional, el presidente Santiago Peña señaló las acciones del Poder Ejecutivo de impulsar proyectos legislativos que «están cambiando la fisionomía del Estado paraguayo». Los principales ejes del último año fueron la mejora de la administración pública y contar con un sistema de pensiones más sostenible.
El mandatario citó el nuevo decreto para reglamentar la Ley 7.021/22 de Suministros y Contrataciones Públicas que facilita el acceso a la información y reduce errores y riesgos de nulidad.
Por su parte, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) emitió normativas para fortalecer al Sistema Nacional de Suministro Público. Entre los avances más relevantes
se encuentran las regulaciones sobre la cesión de créditos de proveedores, topes a intereses moratorios en contratos públicos y, más importante, la implementación de las compras conjuntas obligatorias, procedimiento centralizado que permite a dos o
más instituciones públicas contratar bienes, servicios, consultorías y obras públicas de manera conjunta, aprovechando la economía de escala y mejores condiciones para el Estado.
Más reciente, fue creado el sistema de trazabilidad de medicamentos y dispositivos médicos, herramienta que apunta a contar con un catálogo digital de medicamentos e insumos dentro del sistema sanitario público.
Reformas a sistemas de pensiones y jubilaciones
En diciembre de 2024 fue promulgada la Ley 7.446/24 que incorpora nuevas disposiciones al régimen legal del Instituto de Previsión Social (IPS).
Las principales modificaciones extienden de 3 a 10 años el periodo de referencia para el cálculo de jubilaciones y la reasignación al Fondo de Enfermedad y Maternidad de los recursos que el IPS transfiere a los ministerios de Salud y Trabajo y de un 0,5% de los recursos del Fondo de Administración.
Se estima que la aplicación de la Ley Nº 7446 generaría un ahorro acumulado de G. 17.113.106.077.214 (USD 2.261.537.663) en un horizonte de 50 años.
Reformas del Estado
Desde el inicio de la actual administración de Gobierno se han impulsado reformas en la estructura orgánica del Estado, con la creación del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), que fusionaron funciones de secretarías y dependencias.
En el último año se promulgaron leyes para fusionar la Dinavisa con el Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición (INAN) y la creación del Registro Unificado Nacional (RUN), que fusiona a tres instituciones bajo la supervisión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para contar con un sistema único para los servicios de agrimensura, catastro y registro inmobiliario, simplificando trámites y dando respuesta a la superposición de títulos.
De estas reformas, la creación de la DNIT, uniendo a las SET y Aduanas, permitió un aumento considerable en la recaudación tributaria y aduanera del Estado que al mes de marzo de 2025 sumaban USD 1.200 millones adicionales en ingresos del Estado.